En los últimos días se han producido en la Comunidad Valenciana diversas suspensiones y revocaciones del NRUA (Número de Registro Único de Arrendamientos) vinculadas a supuestas discrepancias entre el número de plazas inscritas y el número de huéspedes efectivamente alojados.
La cuestión ha generado preocupación en el sector, especialmente tras un escrito interno remitido por la Dirección General de Turismo al Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunidad Valenciana, en el que se pone de manifiesto la existencia de diferencias interpretativas sobre el tratamiento de las plazas supletorias.
Sin embargo, el problema no es tan simple como una “interpretación restrictiva” de los registradores. El núcleo del conflicto revela algo más profundo: una falta de coherencia técnica en el propio diseño administrativo autonómico.
Indice
- 1 La posición oficial de la Dirección General de Turismo
- 2 El marco normativo: sistema estatal y regulación autonómica
- 3 La contradicción técnica: existen, pero no se inscriben
- 4 El papel del Registrador: principio de coherencia y legalidad
- 5 Consecuencias prácticas para el titular
- 6 Qué debería hacerse desde una perspectiva técnica
- 7 Recomendación práctica inmediata
- 8 Análisis individualizado
La posición oficial de la Dirección General de Turismo
En el escrito remitido al Decano del Colegio de Registradores, la Dirección General de Turismo reconoce que se han producido suspensiones o revocaciones de NRUA al apreciarse discrepancias entre:
- El número de plazas inscritas.
- El número de huéspedes alojados.
El documento señala que en algunos procedimientos se está considerando que cualquier ocupación que supere el número de plazas fijas inscritas constituye automáticamente una sobreocupación, sin valorar la existencia de camas supletorias o elementos auxiliares cuyo uso forma parte habitual de la explotación turística.
La Dirección General recuerda que:
- El Registro autonómico de Turismo no contempla la figura específica de “plaza supletoria” como plaza registral diferenciada.
- No se prevé su inscripción separada en viviendas de uso turístico.
- La ordenación de la capacidad turística corresponde a las comunidades autónomas.
Y concluye que la aplicación del sistema estatal de registro debe respetar plenamente la normativa autonómica vigente.
Hasta aquí, la posición parece clara. Pero cuando se analiza técnicamente, surge una contradicción estructural.
El marco normativo: sistema estatal y regulación autonómica
El sistema estatal de registro deriva del Real Decreto 1312/2024 y su desarrollo mediante la Orden VAU/1560/2025.
En la Comunitat Valenciana, la regulación sustantiva de las viviendas de uso turístico se contiene en el Decreto 10/2021, modificado por el Decreto-ley 9/2024.
Este marco establece:
- Un límite máximo de 16 plazas totales (para las casas rurales).
- Exigencia de compatibilidad urbanística.
- Régimen sancionador severo en caso de sobreventa o sobreocupación.
La normativa autonómica admite —o, con mayor precisión técnica, no prohíbe de forma expresa— la utilización de camas supletorias o elementos auxiliares, siempre que:
- Formen parte de la explotación ordinaria.
- No alteren la estructura del inmueble.
- No superen el límite máximo global.
- No comprometan condiciones de seguridad o habitabilidad.
El problema no está en la legalidad material de las plazas supletorias. El problema está en su reflejo administrativo.
La contradicción técnica: existen, pero no se inscriben
Aquí aparece la cuestión clave.
La propia Dirección General reconoce que el Registro autonómico de Turismo:
- No contempla la figura específica de la “plaza supletoria” como plaza registral diferenciada.
- No prevé su inscripción separada.
Es decir, el sistema administrativo autonómico no distingue formalmente entre plazas fijas y supletorias.
Sin embargo, cuando el depósito anual N2 refleja reservas que superan el número de plazas fijas que constan en los títulos administrativos o registrales, se sostiene que esas plazas adicionales deben entenderse amparadas por la existencia de supletorias.
Desde una perspectiva técnica, la situación es problemática:
Si el propio Registro autonómico no reconoce formalmente la categoría diferenciada de plaza supletoria, resulta difícil exigir al Registrador de la Propiedad que admita sin más un depósito que incorpora una capacidad superior a la que resulta de los datos administrativos formalizados.
La comunicación incurre así en una cierta contradicción:
- Por un lado, afirma que las plazas supletorias existen y deben computarse.
- Por otro, admite que el sistema registral autonómico no las reconoce como entidad diferenciada ni prevé su reflejo formal.
Ante esa falta de correspondencia entre norma material, registro administrativo y realidad operativa, resulta jurídicamente comprensible que el Registrador opte por la cautela y exija coherencia entre lo inscrito y lo declarado.
No se trata necesariamente de una interpretación restrictiva arbitraria, sino de una reacción ante una laguna de sistematización administrativa.
El papel del Registrador: principio de coherencia y legalidad
El Registrador de la Propiedad actúa conforme al principio de legalidad y coherencia documental. Si los datos administrativos reflejan una determinada capacidad y el depósito declara sistemáticamente ocupaciones superiores sin soporte documental explícito, surge una duda razonable.
Y ante la duda razonable, la función calificadora impone cautela.
La cuestión no es si las supletorias son legales —pueden serlo—, sino si están suficientemente integradas en el sistema documental para evitar contradicciones objetivas.
Cuando:
- El ICU limita plazas.
- El Registro de Turismo no distingue categorías.
- La escritura no refleja capacidad ampliada.
- El depósito muestra ocupaciones superiores.
- El anuncio publicita capacidades más altas.
La incoherencia no es solo interpretativa; es estructural.
Consecuencias prácticas para el titular
En este contexto, pueden producirse:
- Requerimientos de subsanación.
- Suspensiones temporales del NRUA.
- Revocaciones en casos de incoherencia persistente.
- Bloqueo de anuncios en plataformas.
Y lo más delicado: el titular puede encontrarse cumpliendo materialmente la normativa turística, pero atrapado en una descoordinación entre sistemas administrativos.
Qué debería hacerse desde una perspectiva técnica
La solución no pasa por trasladar la responsabilidad exclusivamente al registrador ni exclusivamente al titular.
La solución exige una posición clara y técnicamente coherente por parte de la Administración autonómica:
- O bien se reconoce formalmente la categoría de plaza supletoria con reflejo registral o administrativo claro.
- O bien se establecen criterios objetivos de cómputo y acreditación documental que permitan evitar contradicciones.
Mientras esa armonización no se produzca, el riesgo interpretativo seguirá existiendo.
Recomendación práctica inmediata
En el contexto actual, la única defensa eficaz es la coherencia documental reforzada:
- Reflejar expresamente en anuncios “plazas fijas + supletorias”.
- No superar nunca 16 plazas totales (en el supuesto de casas rurales)
- Verificar que el ICU no limite por debajo.
- Conservar documentación técnica acreditativa.
- Evitar discrepancias sistemáticas entre lo declarado y lo ofertado.
La transparencia ya no es solo una buena práctica; es una estrategia preventiva indispensable.
Análisis individualizado
Cada vivienda presenta una combinación distinta de títulos administrativos, capacidad real y modelo de explotación.
En el actual escenario de incertidumbre técnica, un análisis preventivo puede evitar bloqueos innecesarios, requerimientos o suspensiones del NRUA.
Si quieres que estudie tu caso concreto —capacidad inscrita, supletorias existentes, contenido del depósito o requerimiento recibido— puedo realizar un diagnóstico jurídico completo y plantear la estrategia adecuada para proteger la continuidad de tu actividad.
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